En particular, la Comisión quiere tocar cuatro puntos principales:
- Los juegos anunciados como "gratuitos" no deben engañar a los consumidores sobre sus verdaderos costes.
- Los juegos no deben contener invitaciones a los niños para que gasten dinero o a los padres para que paguen por ellos.
- Los consumidores deben ser informados de los métodos de pago y no quedar obligados a pagar mediante sistemas por defecto sin la autorización expresa del consumidor.
- Los comercializadores de la aplicación deben proporcionar una dirección de contacto para preguntas y quejas.
Según las autoridades europeas, la industria de aplicaciones móviles emplea a más de un millón de personas en la Unión, y se espera que en un plazo de cinco años mueva 63.000 millones de euros. El 80% de los ingresos actuales provienen de compras dentro de la misma aplicación, siguiendo el modelo F2P. Una denominación, la de free-to-play, que a la Comisión no le parece hacer mucha gracia porque esconde unos costes que, si el producto es especialmente engañoso, pueden vulnerar los derechos de los consumidores europeos.
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